El alcalde Salazar expidió el Decreto No 264 de febrero 25 de 2009 “Por medio del cual se adoptan medidas de orden público en el Municipio de Medellín”. La primera pregunta que es necesario hacerse, porque el presupuesto de toda acción estatal es si el alcalde tiene las facultades desde la Constitución y la Ley para expedir un decreto como estos en donde, buscando fines sin duda loables, claramente se limita un derecho fundamental, como la libre locomoción de algunos ciudadanos (los “parrileros”). El art. 315 de la Constitución Política consagra que son atribuciones del Alcalde “conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. ….”. Las facultades legales las encontramos en el art. 91 numeral 2 de la ley 136 de 1994 le permiten al Alcalde dictar medidas para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley admitiendo, si fuera el caso, medidas tales como: Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos.

Esta medida más que criminalizar o justificar algún tipo de impunidad responde al incremento significativo en los índices de violencia en la ciudad que se ha presentado durante el año 2008 y los primeros meses de 2009. Dicho atentado contra el orden y contra el proceso de transformación que se viene presentando en Medellín, ocasionado por diversos factores y que desafortunadamente constituye un patrón regional y nacional, obliga a los gobernantes a tomar decisiones que rompan las tendencias y eviten en lo posible la comisión de conductas punibles que atenten contra bienes jurídicos y derechos de las personas por parte de organizaciones y/o actores al margen de la ley. Las cifras demuestran que durante el año 2008 se presentaron 182 homicidios perpetrados por individuos que se movilizaban en motocicletas. Esta cifra nos muestra un incremento de 19 por ciento este año. La motocicleta, por razones de movilidad, velocidad y facilidad para adelantar y para evitar barreras físicas (andenes) y normativas (semáforos) se ha convertido, desafortunadamente, en uno de los medios predilectos para delinquir. Claramente no es el único medio y definitivamente no puede generalizarse en cuanto a que todo motociclista es un delincuente (yo mismo soy motociclista de recreo) pero existen fundamentos razonables para que, con el fin de proteger la vida, integridad y bienes de los ciudadanos, en este momento, y como medida complementaria y complementada por muchas otras de carácter estructural, se busque limitar la posibilidad de utilizar este medio de transporte.