El Concejo de Medellín aprobó ayer en segundo debate el Proyecto de Acuerdo número 249, por medio del cual se efectúa una adición presupuestal por $133.000 millones al Municipio para desarrollar obras de inversión, cifra a la que se sumará una incorporación de 65.500 millones de pesos del presupuesto de Medellín.

El Concejo de Medellín aprobó ayer en segundo debate el Proyecto de Acuerdo número 249, por medio del cual se efectúa una adición presupuestal por $133.000 millones al Municipio para desarrollar obras de inversión, cifra a la que se sumará una incorporación de 65.500 millones de pesos del presupuesto de Medellín.

La petición fue hecha por el Concejo de Medellín que debatió la criminalidad y el incremento de homicidios que presenta la ciudad.

El Gobierno Nacional le hará seguimiento palmo a palmo al orden público de Medellín. Así lo anunció ayer durante un consejo de seguridad en la base militar de Rionegro, el presidente Álvaro Uribe.

Estudiantes, hombres, mujeres, artistas, representantes del movimiento gay, entre otros adolescentes, se congregaron en torno a la difícil situación de inseguridad en la ciudad.

La ciudad se enfrenta actualmente ante un gran reto en términos de seguridad.  Tanto las cifras, como los testimonios y la percepción de ciudadanos y ciudadanas de diferentes comunas como, finalmente, los registros de prensa y las investigaciones académicas, nos indican que la seguridad ha vuelto a ser un tema central en el día a día de Medellín.

Como diseñadores de políticas públicas, servidores públicos de elección popular, académicos y habitantes de nuestra bella ciudad queremos compartir con ustedes algunas cortas reflexiones que nos ayuden a entender mejor  lo que sucede y, sobretodo, lo que debemos hacer para romper patrones ascendentes de cifras y para volver a las tendencias de mejora iniciadas hace una década.

“Los fenómenos de inseguridad no se dan en el vacío ni se circunscriben a imaginarias fronteras político administrativas”

Para empezar es importante aclarar, porque los fenómenos de inseguridad no se dan en el vacío ni se circunscriben a imaginarias fronteras político administrativas, que el repunte en las cifras de homicidios  es un fenómeno nacional. Tanto las ciudades importantes como Cali, Pereira, Manizales, Cartagena como las zonas contiguas a Medellín tales como Chocó, Córdoba, Sucre y Urabá han mostrado durante este año grandes incrementos en el número de muertes violentas. El fenómeno, aunque tiene raíces locales, hace parte de un patrón nacional y por ende requiere también una política de este orden.

La fuente de gran parte de esta violencia homicida, no obstante siempre existir un porcentaje de violencia social e intrafamiliar estructural, es la conexidad con negocios ilícitos como el narcotráfico, la trata de personas, el cobro de extorsión, el juego ilegal y otros.  No nos engañemos, decisiones urgentes pero políticamente peligrosas y de carácter internacional  como la de si seguimos o no con la fallida y costosa “guerra contra las drogas” tendrá efectos directos sobre los índices de criminalidad de ciudades como la nuestra.

Otro factor a tener en cuenta para entender la coyuntura actual es el seguimiento y desenlace del proceso de paz desarrollado por el gobierno nacional con los grupos paramilitares desde el 2002 y que tuvo en Medellín un capítulo fundamental. Más de 4000 hombres y mujeres pertenecientes a las estructuras paramilitares ingresaron a este proceso liderado por el gobierno nacional y apoyado por dos administraciones locales con voluntad política, estructura y recursos. Hoy, más de 6 años después de la gran desmovilización local y luego de múltiples incumplimientos por parte de los jefes paramilitares que llevaron, entre otras, a su extradición a EU, el proceso necesita una revisión. Si bien la mayoría de los ex combatientes le apostaron a la reinserción es cierto también que los jefes paramilitares dejaron algunas estructuras por fuera del proceso y de manera paralela algunos combatientes intentaron jugar a dos bandas mostrando una cara a la legalidad y otra a la perpetuación en los negocios ilícitos. Estudios internacionales de casos cercanos al colombiano como los procesos de los años 90 que dieron por terminados los conflictos y las guerras civiles de centro América demuestran como unos años después de cerrados los procesos de paz se presenta una deserción importante de excombatientes (entre el 50 y el 60%) y un aumento sustancial en la criminalidad de las sociedades. El reto de reinsertar los ex combatientes a la sociedad asegurando el cumplimiento de la ley y creando oportunidades económicas y culturales es una labor continua y de gran exigencia en cualquier sociedad; en el caso colombiano con un conflicto armado en desarrollo y con un narcotráfico cada vez más poderoso en lo económico y cada vez más infiltrado en la institucionalidad es realmente una labor titánica.

Precisamente ese narcotráfico poderoso, rezago del paramilitarismo, es un factor determinante en la reactivación, cooptación y alistamiento de bandas y combos barriales y comunales en nuestra ciudad.  Grupos de jóvenes con arraigo y presencia barrial que otrora controlaban negocios de microtráfico de estupefacientes o que presionaban a comerciantes y dueños de establecimientos están siendo armados y organizados por capos regionales para así asegurar presencia territorial en la ciudad, rutas de entrada y salida de droga y armas y rentas de diferentes negocios legales e ilegales.

“Es necesario entonces entender la cambiante y compleja realidad que vive la ciudad”

Es necesario entonces entender la cambiante y compleja realidad que vive la ciudad en términos de seguridad para, de manera responsable y sin protagonismo electoreros, proponer caminos a seguir que incidan en las tendencias y propicien cambios estructurales. Nos interesan los reinsertados que le juegan limpio a la ciudad porque hacen parte de un proceso de reconciliación que es necesario sostener para ir superando viejas heridas pero nos interesan aun más los y las ciudadanas que nunca han levantado un arma y que a pesar de todos los problemas se levantan día a día a construir para sus proyectos de vida, para sus familias y para sus comunidades.

Para empezar adherimos completamente a la tesis que expone Sergio Fajardo cuando habla de la teoría de puerta de entrada al conflicto. A los jóvenes, alimento y combustible del conflicto, se les debe cerrar cada vez más la puerta que los invita a hacer parte del mismo. Una puerta amplia sin prerrequisitos sociales, económicos o de formación que invita a la ilegalidad y que los embarca en un viaje criminal.  El Estado, el sector privado, el sector social y los sectores académicos deben hacer un esfuerzo por abrir la puerta de las oportunidades dentro de la legalidad y así quitarle actores al conflicto y a la criminalidad en general. Debemos dificultar cada vez más el transito a la ilegalidad.  El programa de jóvenes en alto riesgo, la ampliación de cupos escolares, los programas de formación en derechos humanos, ciudadanía y democracia, los programas de emprendimiento y el fondo de EPM para la educación superior, entre otros, demuestran que la voluntad de la administración de Alonso Salazar y del Concejo Municipal apuntan a este fin. No obstante lo anterior labor se debe profundizar y extender.  El concejo tendrá necesariamente que revisar metas programas y recursos para los años 2010 y 2011.

En segundo  lugar es necesario seguir fortaleciendo la participación ciudadana a nivel local y con ella la renovación de liderazgos. Un tejido social fuerte y una ciudadanía participativa, ilustrada y conocedora de sus derechos y obligaciones representan una talanquera importante a la presencia de actores armados en el territorio.  En ese sentido es imperativo seguir fortaleciendo y mejorando espacios como la planeación local y el presupuesto participativo. La visibilidad, la discusión pública y la necesidad de sustentar posiciones y proyectos son un buen antídoto en contra de la oscuridad bajo la cual se mueven las organizaciones criminales.

Con mucho respeto pero con sustento y con convicción nos apartamos de las decisiones tomadas por el alcalde Alonso Salazar en cuanto al toque de queda de menores y las restricciones de horarios a establecimientos abiertos al público. En un estado en donde los derechos fundamentales priman y en un municipio que basa su planeación y el ejercicio de lo público en el enfoque de derechos, las limitaciones y restricciones a los mismos (en este caso la movilidad, el libre desarrollo de la personalidad, libertad, trabajo, reunión) sólo pueden sustentarse en situaciones de excepcionalidad en donde las herramientas ordinarias demuestran su inefectividad. Creemos que el toque de queda y las restricciones horarias, si bien son medidas legales, deben ser excepcionales y deben responder a la imposibilidad de controlar las situaciones con el amplio abanico de medidas con que se cuenta.  Consideramos que no obstante estar ante una situación compleja como se ha descrito anteriormente contábamos aun con medidas de control y seguimiento como la mayor presencia policial, la profundización de la investigación y la intervención integral de las diferentes secretarias municipales para conjurar la situación.   El alcalde afortunadamente ha expresado que las medidas son transitorias y ya incluso ha desechado algunas restricciones.

Finalmente es importante dejar muy claro que la violencia y la inseguridad son siempre fenómenos multicausales, complejos y cambiantes que exigen de una integral y decidida actuación de autoridades del orden municipal, departamental y nacional, de las fuerzas vivas de la sociedad (sectores privados, sociales y académicos) y de cada uno de los ciudadanos.  Debemos cerrar espacios de impunidad, de connivencia y de apoyo tácito y expreso para con los delincuentes.  Debemos reconocer el trabajo y el aporte de todos aquellos que trabajan desde la legalidad en contra de inmensas amenazas. Debemos poner de moda, seducir, convencer y hacer rentable el estar del lado de la civilidad, la ley y la democracia manteniendo la presión y la aplicación estricta de las leyes sobre quienes deciden desconocerlas.

Santiago Londoño Uribe
Concejal de Medellín 2008-2011

La Policía Metropolitana reportó este jueves la detención del hombre que habría acabado con la vida, el pasado lunes, de Héctor Pacheco Marmolejo.